Un banco mediano realiza su primer DMA enfocándose exclusivamente en los riesgos financieros que el cambio climático supone para su cartera de créditos (inmuebles en zonas inundables, empresas de sectores intensivos en carbono). Obtiene un análisis robusto de la perspectiva outside-in, pero cuando llega el momento del aseguramiento externo, el auditor señala que el informe no contempla los impactos del banco sobre el sistema financiero, las comunidades desfavorecidas o las emisiones de Alcance 3 de su cartera (financiadas).

Una empresa textil con sede en España y fabricación subcontratada en Bangladesh y Vietnam realiza su DMA considerando únicamente sus empleados directos y sus instalaciones propias (almacenes y oficinas). Concluye que los temas laborales (ESRS S1) son relevantes, pero descarta ESRS S2 (trabajadores en la cadena de valor) porque 'no son empleados nuestros'.

Una empresa farmacéutica realiza su DMA distribuyendo a 300 stakeholders (empleados, proveedores, inversores) una encuesta online para que valoren la relevancia de 18 temas ESG. La lista de 18 temas fue elaborada internamente por el equipo de sostenibilidad antes de la consulta. El tema 'acceso a medicamentos en países con bajos ingresos' no estaba en la lista. Cuando una ONG de salud pública lo señala en la fase de revisión pública del informe, la empresa no tiene forma de justificar su exclusión.

Una empresa constructora-concesionaria presenta en su primer informe CSRD una lista de 37 temas materiales, que abarca prácticamente todos los subtemas de los 12 estándares ESRS. Su DMA no documenta los umbrales utilizados ni explica por qué cada uno superó el umbral de materialidad. El auditor de aseguramiento solicita la documentación del proceso y no obtiene criterios cuantitativos ni cualitativos claros.

Una empresa del sector agroquímico incluye en su informe CSRD un capítulo extenso sobre biodiversidad (ESRS E4), con indicadores de impacto en ecosistemas y planes de compensación. Sin embargo, en su DMA, la empresa había concluido que la biodiversidad 'no era material' porque ninguno de sus stakeholders la había puntuado alto en la encuesta de relevancia. El auditor de aseguramiento señala la inconsistencia entre el DMA (no material) y el informe (ampliamente reportado).

Una empresa de logística realiza un DMA que identifica como temas más materiales: (1) emisiones de alcance 1 y 2 de su flota, (2) condiciones de trabajo de los repartidores (ESRS S1), y (3) accidentalidad laboral. Sin embargo, el informe de sostenibilidad publicado dedica su mayor extensión a biodiversidad y economía circular, temas que el DMA había catalogado como 'no materiales', porque el equipo de comunicación consideró que 'quedaban mejor' en el informe anual.

Una empresa familiar del sector embalaje que fabrica envases de cartón para una multinacional de alimentación recibe en enero de 2026 una carta de su cliente principal: 'En aplicación de nuestra política de diligencia debida (CSDDD), necesitamos que rellenes el formulario ESG adjunto con 34 indicadores sobre tus emisiones GHG, condiciones laborales y gestión del agua antes del 15 de marzo'. La empresa no tiene ningún dato ESG sistematizado.

Una empresa de distribución de productos alimentarios, claramente en el alcance del Ómnibus I (Ola 2), decide en abril de 2026 que 'como no hay que publicar hasta 2028, empezaremos el DMA en 2027 con más calma'. Doce meses después, cuando contratan a una consultora para acelerar el proceso, descubren que los datos ESG que necesitan para el análisis de materialidad financiera (emisiones de Alcance 3 de su cadena de suministro, datos de agua de los agricultores proveedores) tardaron 18 meses en recogerse con calidad auditable.

Una empresa realiza su proceso de consulta a stakeholders enviando un email a 5.000 contactos de su base de datos (empleados, clientes, proveedores) con una encuesta de 20 preguntas cerradas para valorar 25 temas ESG en una escala de 1 a 5. La tasa de respuesta es del 4% (200 personas). De esas 200, el 85% son empleados de oficina central. El resultado se presenta como 'la perspectiva de todos nuestros grupos de interés'. Ninguna comunidad local, ONG ambiental ni trabajador de la cadena de valor respondió.

Una empresa retail publica su primer informe CSRD declarando emisiones GHG de Alcance 3 (compras de proveedores) de 45.000 toneladas de CO₂e. Cuando el auditor solicita la metodología de cálculo, la empresa proporciona una hoja de Excel con 12 pestañas que incluye datos de 200 proveedores, factores de emisión de distintas fuentes, conversiones y ajustes manuales. El auditor no puede trazar qué datos entraron en cada cálculo, quién los validó ni qué versiones se usaron.

Una empresa de energías renovables realiza su DMA en 2024 con el apoyo del consejo de administración desde el inicio. Tres miembros del consejo participan activamente en los talleres de validación de IROs. Los resultados del DMA se presentan en el cuadro de mando trimestral de dirección junto a los indicadores financieros. Se establece un 'semáforo de IROs' que actualiza trimestralmente el estado de los 8 temas materiales identificados, con KPIs específicos y responsables nominados.

Una empresa familiar de construcción con sede en Aragón y 820 empleados no está en el alcance obligatorio del Ómnibus I. Sin embargo, tres de sus cinco clientes principales son promotoras inmobiliarias que ya están en Ola 1 y empiezan a solicitar datos ESG de sus proveedores (en aplicación de su propio DMA, que ha identificado la cadena de valor como material). La empresa decide implementar un DMA voluntario y proporcional.